María Márquez / Imagen: Miguel Á. Escobar.
El portavoz y secretario de Comunicación del grupo parlamentario catalán Ciutadans, Jordi Cañas, reflexiona para Publicación de Parlamentarios de Sanidad sobre la actualidad sanitaria mostrando su sorpresa por el hecho de que el Gobierno de Artur Mas se haya salido con la suya en la aplicación del euro por receta. Cañas apunta además que la reforma sanitaria promovida por la ministra Ana Mato puede inducir a convertir el SNS en un "suculento negocio".

¿Qué opinión le merece el euro por receta catalán?

Desde Ciutadans siempre hemos reclamado que exista una política homogéna en el conjunto de España. El derecho a la salud es alienable y la prestación y el coste tienen que ser iguales en todo el territorio nacional. Es sorprendente que a día de hoy la tarjeta sanitaria única se venda como una gran iniciativa. El euro sanitario contraviene un principio básico, y es que la salud tiene que ser igual en el conjunto del Estado. Ahora mismo los 7 millones de catalanes tenemos un impuesto añadido, contraviniendo competencias propias. El problema es que el Gobierno de España no ha obligado a la Generalitat a eliminarlo. O bien es una medida correcta, que nosotros pensamos que no pero si así lo fuese debería aplicarse en el conjunto de España, o bien no se puede aplicar unilateralmente.

¿Qué alternativas propondría Ciutadans para garantizar la sostenibilidad del SNS?

La sostenibilidad requiere una buena financiación. El SNS ha estado históricamente infrafinanciado, y sigue a día de hoy. Todo se pueda gestionar mejor, y se tiene que ahorrar en procesos burocráticos, gestión administrativo, evitar duplicidades… Probablemente haya que corresponsabilizar a los ciudadanos del coste de la salud. Pero siempre hemos estado por debajo de la media europea, incluso de la OCDE, destinando menos respecto al PIB y per cápita. Primero hay que presupuestar correctamente y luego corresponsabilizar a los ciudadanos.

En cuanto al RD 16/2012, ¿se sitúan en la línea crítica más dura? ¿piensan que era necesaria una reforma?

El conjunto de fuerzas políticas estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas, y es imprescindible que se haga en profundidad, pero la diferencia es en el ‘cómo’. La Constitución garantiza la universalidad y equidad del sistema para todos, mientras que en el RD los mayores de 26 años sin trabajo y con rentas superiores a un límite, no tienen derecho a la asistencia. Esta norma atenta contra un derecho básico que pensábamos que nadie nos podía quitar, es decir, la asistencia sanitaria gratuita por el hecho de ser español. Esperemos que las formaciones políticas en el Congreso o bien el propio Defensor del Pueblo lo recurra. Esto al margen de que los inmigrantes en situación irregular deban tener prestaciones limitadas, pero los españoles tienen que tener en cualquier parte del territorio, el derecho a la sanidad gratuita.

¿Qué opina de este movimiento de presidentes autonómicos que rechazan aplicar el RD?

Lo hacen por motivos diferentes. En el caso de Cataluña por ejemplo, supone una invasión competencial, las cosas de los nacionalistas, ellos no se preocupan de la calidad asistencial sino de si les invaden competencias. En cuanto a Izquierda Plural y PSOE, creo que hay una parte más de erosión al Gobierno que de realmente propuestas concretas de ver dónde están los errores del RD. Algunos piensan que la sanidad española tiene que ser para todo el universo, es decir, cualquier persona que pase por aquí tiene que tener el mismo derecho que un señor que lleva 20 años cotizando. Ciutadans dice que no. En los países avanzados no ocurre esto, no tienes derechos sanitarios de todo tipo. Pensamos que esa es una buena línea del Gobierno, como que el turismo sanitario nos cueste a los españoles 900 millones de euros o que un ciudadano por el hecho de empadronarse tenga derecho absoluto a la sanidad. Hay aspectos del RD que son buenos, mientras que otros afectan a la igualdad de todos los ciudadanos que tienen que modificarse para adaptarse a la Constitución.

¿Y cómo ve el clima parlamentario? La oposición critica los continuos decretazos sin diálogo…

Este país tiene un problema de procedimiento. La sanidad tiene transferidas las competencias a las CCAA. Es bueno que antes que el Gobierno adopte medidas, se pongan en común y se intenten corregir aspectos corregibles. Probablemente alguna invasión competencial se podría haber eliminado en el Consejo Interterritorial. Es muy lamentable que salga este RD con medidas de ahorro y comunidades tan importantes como País Vasco, Cataluña o Andalucía digan que no lo van a aplicar. Vivimos en un país en el que nos hemos acostumbrado a que se incumplan las leyes, y esta se tiene que cumplir. Las leyes se cumplen y sería bueno que fuesen consensuadas. Ojalá hubiese más espacios de diálogo como este Encuentro Global de Parlamentarios, y ojalá se tuviese el debate más a menudo en el Consejo Interterritorial.

¿Qué expectativas tiene a corto-medio plazo de la situación sanitaria nacional?

En España disfrutamos de un SNS muy bueno, y eso los ciudadanos tenemos que ponerlo en valor y defenderlo. Hemos alcanzado un nivel de calidad asistencial y de derechos al que no podemos renunciar. El SNS es el negocio más suculento que hay, y muchas empresas y prestadores de servicios privados tienen ganas de hincarle el diente, a costa del sistema. En época de crisis, no renunciar a lo esencial, así que la salud tendría que estar blindado incluso en esta situación. De momento el SNS, pero parece que algunos se lo quieren cargar a medio plazo.

En la Comunidad Valenciana han planteado la gestión público-privada. ¿Crees que se extenderá al resto del país?

Hay grupos de presión que muchas veces acaban financiando a partidos políticos. Recuerdo una anécdota del consejero de Economía catalán, quien tuvo una reunión con el sector privado y les dijo “estamos en crisis, y vais a tener grandes oportunidades de negocio”. La colaboración público-privada hay que respetarlo y usarlo pero hay que ser muy precavido. La sanidad no debe ser un negocio, sino un derecho. Y cuando alguien hace negocio prestando servicios públicos, el beneficio sale de algún sitio. Y esto la gente lo sabe. ¿Quién evalúa cómo se presta este servicio y su calidad? Es un debate muy complejo. Pero ahora mismo la aceleración de este debate tiene como intención ganar dinero. Algunos ganan mucho dinero y es a costa, estoy convencido, de la calidad del servicio que se presta.